El ministerio de Trabajo dispuso hoy que sea la propia CGT la que convoque a una nueva reunión de su consejo directivo, que cuente con el quórum requerido por el Estatuto, y resuelva la implementación del proceso electoral. Mientras tanto seguirán en sus cargos las actuales autoridades.
Así lo informó el ministro Carlos Tomada en rueda de prensa para dar a conocer la conclusión a la que se arribó, luego de deteriminar que la reunión realizada el 24 de abril pasado, en la que la CGT convocó a elecciones para el 12 de este mes, no cumplió los requisitos estatutarios por cuanto careció de quórum.
La decisión fue adoptada por el Ministerio luego de analizar la impugnación que un grupo de sindicalistas había realizado a la reunión del consejo del 24 de abril, y ante la falta de acuerdo en la reunión de conciliación de las partes que tuvo lugar en la sede de la cartera hace 48 horas.
En consecuencia, aclaró Tomada, la resolución del conflicto ahora “queda en manos de las propias organizaciones sindicales, para normalizar el proceso electoral”.
Explicó que ello “significa que las asociaciones sindicales pueden reunirse privadamente, alcanzar acuerdos o pueden pedirle a este ministerio que convoque a otra audiencia para alcanzar algún acuerdo en el que podamos ayudar”.
Tomada, ante una consulta periodística, no quiso anticipar qué postura adoptaría su cartera en caso de que las dos partes en conflicto de la CGT no lleguen a un acuerdo para fijar la fecha de las elecciones para renovar las autoridades del cuerpo, pero aclaró que mientras no se alcance ese objetivo, la organización sindical deberá prorrogar el mandato de sus actuales autoridades.
Ante otra pregunta sobre qué opinaba en torno a la posibilidad de que no hubiera conciliación en las partes y finalmente se produjera una fractura en la CGT, que diera origen a dos cuerpos paralelos, Tomada respondió que “está muy clara la posición del gobierno nacional desde siempre, sobre la necesidad, la conveniencia, de que el movimiento obrero argentino esté unido”.
“Para nosotros –agregó- esto es algo propio de nuestras convicciones, de nuestra pertenencia política, y por supuesto vamos a preferir siempre que el movimiento obrero, las centrales sindicales, estén unidas, porque es una condición para nosotros importante”.
Expresó que “lamenta” la disidencia que subsiste, pero insistió en que “tiene que quedar claro que la solución de este conflicto sindical sigue en manos ahora de las asociaciones sindicales”.
Tomada informó que en el encuentro del consejo directivo del 24 de abril pasado “no se reunió el quórum establecido por el estatuto” de ese cuerpo sindical y que “por lo tanto no se ha cumplido con ese requisito fundamental”.
Puntualizó que en esa deliberación sindical “ha habido seis representantes que debieron haber concurrido en forma personal y fueron reemplazados irregularmente por otros” y aclaró que “en el consejo directivo, los cargos son personales y deben ser ejercidos por aquellos que fueron elegidos en un congreso ordinario, según surge luego del certificado de autoridades”.
Recordó que “hace 48 hs con los dirigentes más importantes acudieron a una audiencia de conciliación que desgraciadamente no prosperó, ante la negativa de encontrar una solución, lo que obligó al Ministerio a dictaminar”.
Precisó que en este caso, el Ministerio actuó “como en cualquier proceso donde una parte impugna el procedimiento, analizamos los planteos y concluimos si correspondía o no la impugnación”.
“Hemos dictaminado en consecuencia –anunció- que sea la propia CGT la que convoque a una reunión de su consejo directivo para que se pronuncie, subsanando los defectos, y en su caso resuelva la implementación del proceso electoral”.
“Aclaro, como tema colateral –continuó- que en el supuesto de vencer los mandatos de ese período, se ha dispuesto que las actuales autoridades permanezcan en sus cargos hasta tanto culmine ese proceso electoral”.
Afirmó Tomada que “el Ministerio de Trabajo ha cumplido con su responsabilidad, y con esta medida se agota, en la práctica, la conciliación que ha tenido el ministerio en el conflicto interno de la CGT, procediendo con suma prudencia, brindando las posibilidades para que los propios interesados examinen, ratifiquen o rectifiquen” sus acciones “respetando la ley y la autonomía sindical”.

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