El presidente del Bloque Justicialista de la Honorable Cámara de Diputados, Rubén Contreras, hizo referencia a la contratación por parte de Minera Santa Cruz de una empresa de transporte de personal chubutense, mientras que “los empresarios locales sufren el embate de no ser tenidos en cuenta”.
Contreras aseguró que “nuevamente vemos como en nuestra provincia los empresarios locales sufren el embate de no ser tenidos en cuenta, en este caso por Minera Santa Cruz, quien deja afuera a la empresa de transporte de personal Ventur S.A., optando por una empresa de la provincia de Chubut, ETAP, por lo cual en definitiva ni la contratante, ni la contratada están cumpliendo con la Ley Nº 3141”. Para Contreras, “Minera Santa Cruz, estaría infringiendo claramente el Art. 5º de la ley 3,141, que expresa tácitamente que las Empresas Operadoras de las áreas de exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, explotación minera y pesqueras que operen en el territorio provincial, deberán dar prioridad de trabajo a las empresas locales que presten servicios en esta jurisdicción o que se encuentren radicadas en la Provincia con tres (3) años de antigüedad en la actividad de los servicios mencionados”.
Asimismo, expresa el diputado que “la empresa ETAP traslada un sinnúmero de operarios que llegan de diferentes provincias norteñas, desarrollan sus tareas laborales en esta provincia, posteriormente perciben sus haberes y ese dinero no se reinvierte en la provincia, lo que hace que nuestros vecinos, trabajadores que pagan impuestos, servicios y viven en cada localidad de nuestra provincia no puedan ser insertados en estas empresas”, asegurando que “ETAP viene operando irregularmente desde hace años en nuestra provincia, haciendo el relevo de sus unidades en el puesto limítrofe de Ramón Santos, cosa que podemos ver a menudo cuando se realizan los cambios de cuadrillas, ingresando a Santa Cruz con los pocos micros que habilitó acá, sin constituir una base operativa, lo que generaría mano de obra genuina, pero que además debe instalarse logísticamente y administrativamente hasta finalizar su cometido, debe someterse al régimen impositivo y tributario de la provincia y como si esto fuera poco, las unidades que están afectadas al servicio que prestan no están radicadas en ninguna Municipalidad ni está la empresa mencionada inscripta en el “Registro Único de Pequeñas y Medianas Empresas, Cooperativas de Trabajo o Servicios”, que establece la ley”.
En este sentido, analiza Rubén Contreras que “esto no sería condenable si se permitiera insertar en el mercado laboral a los ciudadanos que viven en la región y que tienen legítimas expectativas que nuevos puestos de trabajo, que los tengan como parte de esa actividad, pero sabemos efectivamente que esto no sucede, porque indudablemente Minera Santa Cruz en la actualidad ocupa mano de obra de personas de otros lugares”, asegurando que “evidentemente Minera Santa Cruz no tiene Responsabilidad Social Empresaria, ni compromiso para garantizar la paz social, la cual no se construye sin un trazo firme, coherente y objetivo en políticas altamente inclusivas, que deben venir de la mano de una transformación de la capacidad laboral de los habitantes santacruceños, el desarrollo de las localidades cercanas a este emprendimiento minero, requiere de matices importantes y que estén relacionadas con el sistema productivo local, y por todo ello es muy importante que las empresas tengan un modelo de negocios responsable y sustentable a lo largo del tiempo, teniendo muy en cuenta la mano de obra santacruceña”.
Ante lo expuesto, manifiesta Contreras que esta situación “amerita que debamos proceder con suma transparencia en los controles respectivos” por lo cual “insto al señor Secretario Raúl Santibáñez de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, al Subsecretario de Medio Ambiente Dr. Sergio Medina, para que de una vez por todas se comience a hacer respetar nuestra legislación, la cual va en beneficio de nuestra gente en su conjunto, además de actuar en el debido cumplimiento de poder garantizar sustentabilidad y mayor previsibilidad a nuestros empresarios, asegurando una mayor circulación de recursos económicos en cada lugar que se genera, mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes”, resaltando que “el objetivo principal que se persigue cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, es que el impacto positivo que deben causar estas prácticas se genere en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación, por ejemplo la región o comunidad donde se establece, las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan y además deben tener un claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en términos geográficos, sino en términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la empresa, lo que significa que saben perfectamente que están infringiendo una ley provincial, por lo que requiero a Minera Santa Cruz en carácter de urgente comiencen a revertir esta situación” y finaliza destacando que “de una vez por todas quienes tienen responsabilidad y están en la función pública en nuestra provincia y tengan ingerencia directa con estos controles deberán comenzar a poner mano dura contra todas las empresas que incumplan nuestra leyes y sancionar a quienes las incumplen”.

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