Posición de la Defensoría del Pueblo de Río Negro

El Defensor del Pueblo de Río Negro, Gustavo Casas, habría solicitado informes sobre el tema “contaminación minera” a diferentes organismos oficiales del gobierno de su provincia, y se especula que incluiría a las universidades nacionales de Comahue y Río Negro, con la intención de mejorar y eficientizar los parámetros en controles e investigaciones que debe hacer el Estado.


En su análisis, la Defensoría habría hecho conocer que por sus funciones específicas y constitucionales, "no es un órgano competente para disponer la aplicación o no de una norma, que pueda ser violatoria del orden constitucional, pues ello es facultad y resorte exclusivo del Poder Judicial" afirmó un letrado allegado al defensor en respuesta a la legisladora opositora María Odarda, quien solicitó tal medida al organismo.

No obstante, las directivas de Casas tenderían a ingresar al análisis y la discusión de temas sensibles, en este caso el ambiental, a las facultades y sus cuerpos de científicos “como una clara intención de esclarecer, informarnos y trabajar en el claro proceso de la igualdad ante la ley y de que no hay perjuicio hacia persona alguna” ante la amenaza o existencia de riesgos ambientales.

En otro orden, resaltaron desde el gobierno provincial que la nueva ley sancionada en diciembre pasado que derogó la prohibición del uso del cianuro en la minería y dispone “la creación de un Consejo Ambiental con funciones, competencias y procedimientos” todavía no ha sido reglamentada. Este detalle no es menor, dado que su falta de vigencia inhibe temporalmente a la Defensoría del Pueblo para pronunciarse frente a los reclamos efectuados por la legisladora.

Casas hizo saber que él se ocupará de todo aquello que tenga impacto social, y el tema minero no escapa, a su entender, a esa perspectiva de trabajo. Por eso desde su entorno destacan que la participación de la universidad será sin duda una novedad en este proceso que garantizará resultados y aportará certezas.